Valoraciones de Cartera Inmobiliaria
¿Qué es una Valoración de Cartera Inmobiliaria?
Una valoración de cartera inmobiliaria se realiza con referencia a un conjunto de inmuebles de distintas tipología y localizaciones que se agrupan en la misma cartera, como, por ejemplo, las conocidas cartera NPL (Non Performing Loans) y cartera REO (Real estate Owned).
Las valoraciones de cartera pueden basarse en distintos soportes normativos, dependiendo de la finalidad de la valoración misma.
¿Para qué sirve una Valoración de Cartera Inmobiliaria?
Las finalidades de las valoraciones de cartera incluyen:
• La individuación del valor de una cartera de inmuebles, para que los propietarios de la misma puedan obtener información sobre la evolución de su precio en el mercado, y así calcular su rentabilidad.
• La estimación del valor patrimonial de una cartera de activos, útil para inversores o entidades financieras.
• En operaciones de compraventa, la determinación de los mejores precios para la negociación y comercialización de los inmuebles, en beneficio tanto del comprador como del vendedor.
• La valoración aproximativa y monitorización de la evolución del precio de inmuebles para fondos y profesionales del sector inmobiliario, como auxilio en la determinación de las mejores tipología y zona en donde comprar, vender o alquilar.
• La actualización de carteras de activos hipotecarios relativos a entidades financieras, con las finalidades de supervisión o presentación a agencias de rating o posibles inversores.
¿Cómo se realiza una Valoración de Cartera Inmobiliaria?
Existen dos metodologías para llevar a cabo una valoración de cartera: la valoración drive by y la valoración desktop. Para la primera se necesita una inspección visual exterior in situ del inmueble; en cambio, la segunda se realiza a distancia utilizando la documentación aportada y a través de programas informatizados.
Solicitar una Valoración de Cartera Inmobiliaria
En Arco Valoraciones realizamos valoraciones de cartera según lo establecido en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, que regula las normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
